La compañía sostiene ante un tribunal que hablar de “propiedad” digital no es plausible, mientras continúa alejándose del formato físico y dejando a los jugadores con menos alternativas.
Sony vuelve a encender el debate sobre la propiedad de los videojuegos digitales después de argumentar ante un tribunal de California que los jugadores no pueden considerar que son propietarios de los títulos que compran en PlayStation Store. La postura aparece en una respuesta presentada el 21 de agosto ante una demanda colectiva que acusa a Sony de no informar de manera suficientemente clara que las compras digitales son, en realidad, licencias de uso. Según la compañía, sus términos ya dejan claro que “el software se licencia, no se vende” y que un consumidor razonable debería entender que no está adquiriendo la propiedad del juego.
Pero el argumento utilizado por Sony resulta especialmente cuestionable. Los abogados de la compañía llegaron a señalar que no sería plausible que un jugador creyera estar comprando un juego digital porque, si realmente fuera propietario de él, otra persona no podría comprar posteriormente el mismo título. Para ejemplificarlo, Sony utilizó Resident Evil Requiem: un jugador adquirió el juego el 14 de febrero de 2026 y otro pudo comprarlo nuevamente el 25 de febrero. Para Sony, esto demostraría que el primero no podía ser propietario del juego. El problema es que esta comparación confunde deliberadamente la propiedad de una copia digital con la propiedad del archivo o de los derechos de distribución del producto: que millones de personas puedan adquirir una copia de un juego no significa que ninguna de ellas pueda tener derechos de propiedad sobre su compra.
Lo más preocupante es que Sony parece utilizar esta realidad técnica como una excusa para no buscar soluciones que protejan mejor a los consumidores. La compañía podría establecer mecanismos claros de preservación, transferencias de licencias, acceso permanente en caso de cierre de servidores o incluso sistemas que permitan descargar y conservar los juegos adquiridos mientras sean compatibles con el hardware. En lugar de eso, su postura parece reducirse a decirle al consumidor: “pagaste, pero no eres dueño”. Y esto adquiere todavía más relevancia después de que Sony anunciara que dejará de producir discos para nuevos juegos de PlayStation a partir de enero de 2028, aunque continuará dando soporte a títulos físicos existentes.
La situación resulta todavía más contradictoria porque el problema no es que la tecnología impida crear un sistema de propiedad digital, sino que las compañías han decidido diseñar sus ecosistemas alrededor de licencias vinculadas a cuentas y servidores. Incluso recientemente Sony tuvo que aclarar otro episodio relacionado con las licencias digitales, después de que jugadores detectaran un sistema de comprobación en PS4 y PS5: la compañía explicó que, tras una comprobación inicial, los juegos adquiridos digitalmente funcionarían como una licencia permanente. Es decir, existen mecanismos técnicos para garantizar un acceso duradero; lo que falta es voluntad para ofrecer al consumidor mayores garantías y derechos.
Sony tiene todo el derecho de proteger su negocio, sus licencias y su propiedad intelectual, pero eso no debería significar que el consumidor tenga que aceptar cada vez más restricciones mientras recibe menos control sobre aquello por lo que pagó. La transición digital no tendría por qué significar renunciar a la propiedad, la preservación o la posibilidad de disfrutar un juego muchos años después de comprarlo. Y mientras Sony avanza hacia un futuro prácticamente sin discos, su negativa a buscar alternativas más amigables con los jugadores resulta cada vez más difícil de justificar. Si la industria quiere que los consumidores acepten definitivamente el formato digital, debería ofrecerles algo más que una pantalla de compra y una licencia: debería ofrecerles garantías reales de que sus juegos seguirán siendo accesibles.
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