Una demanda colectiva acusa a la principal empresa de gradear cartas de utilizar criterios subjetivos e inconsistentes que podrían influir artificialmente en el valor de las cartas y alimentar un mercado especulativo.
PSA, una de las compañías más importantes dedicadas a la certificación y calificación de cartas coleccionables, enfrenta una demanda colectiva en Baltimore que acusa a la empresa de manipular el mercado mediante su sistema de evaluación. La demanda, presentada por Nicholas Funk en representación de un grupo de consumidores, sostiene que PSA promociona sus calificaciones como objetivas, estandarizadas e imparciales, cuando en realidad existirían criterios subjetivos, inconsistentes y potencialmente influenciados por intereses económicos. Entre las acusaciones se encuentran cambios no divulgados en los criterios, presión por cuotas de producción, utilización de trabajadores temporales y una aplicación inconsistente de los estándares. Uno de los puntos más llamativos es el supuesto uso del concepto de “atractivo visual” para determinar una calificación, algo que resulta especialmente cuestionable cuando esa valoración puede terminar multiplicando el precio de una carta.
El problema es que todo esto expone lo absurdo que se ha vuelto convertir simples cartas coleccionables en activos financieros sujetos a especulación desenfrenada. Una carta que originalmente fue diseñada para jugar o coleccionar puede terminar costando cientos o miles de dólares simplemente porque una empresa privada decidió colocarle un número del 1 al 10 dentro de una cápsula de plástico. Según la demanda, PSA incluso podría tener incentivos para controlar la cantidad de cartas que reciben la codiciada calificación GEM MINT 10, ya que mantener cierta escasez incrementaría el valor de esas cartas y estimularía nuevas solicitudes de evaluación. Peor todavía, el documento sostiene que la inconsistencia en las calificaciones podría incentivar a los coleccionistas a volver a enviar las mismas cartas, pagar nuevamente por el servicio o incluso romper las cápsulas para intentar conseguir una calificación superior. Si estas acusaciones llegan a demostrarse, estaríamos ante un sistema en el que la supuesta autoridad que determina el valor de una carta también tendría incentivos para mantener al mercado dependiendo de sus propios servicios.
Y aquí aparece la pregunta que debería hacerse cualquier coleccionista: ¿por qué deberíamos confiar ciegamente en una empresa privada para decidir cuánto vale algo que poseemos? El problema no es solamente PSA, sino la existencia de todo un ecosistema que ha conseguido transformar el coleccionismo en una carrera especulativa donde una calificación puede hacer que una carta pase de valer relativamente poco a costar una auténtica fortuna. Se supone que estas compañías existen para aportar confianza y certidumbre al mercado, pero si sus criterios son subjetivos, pueden cambiar, no son completamente transparentes y además existe la posibilidad de conflictos económicos, entonces esa confianza queda seriamente cuestionada. Por supuesto, las acusaciones de esta demanda todavía no han sido probadas en los tribunales y PSA no se había pronunciado públicamente sobre ellas al momento de la publicación. Pero independientemente de lo que determine el proceso judicial, quizá ya sea hora de recordar algo bastante básico: una carta de Pokémon no debería necesitar que una empresa le ponga un “10” para que alguien decida que vale una fortuna. El cartón no se volvió mágicamente más valioso; lo que creció fue la especulación alrededor de él.
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