La nueva política contra el “acoso” contempla restringir el soporte e incluso recurrir a medidas legales, en medio de la fuerte oposición al fin de los juegos físicos.
Sony ha implementado en Japón una nueva política de atención al cliente que busca combatir comportamientos considerados abusivos, incluyendo amenazas, insultos, intimidación y ataques contra empleados. Sin embargo, el documento también menciona las “demandas persistentes, repetidas o prolongadas” y solicitudes que excedan lo considerado razonable, algo que resulta especialmente polémico mientras miles de jugadores protestan contra el fin de los discos físicos.
La compañía afirma que puede restringir o suspender el servicio de atención al cliente a quienes incumplan estas reglas y, cuando lo considere necesario, contactar a la policía o abogados para emprender acciones legales, incluyendo procedimientos penales. Proteger a los trabajadores de amenazas y acoso es completamente válido, pero utilizar una política con términos tan amplios genera dudas sobre si una empresa podría terminar confundiendo el acoso real con consumidores que simplemente insisten en reclamar por decisiones que afectan directamente al producto que compraron.
Y aquí es donde la llamada “ley mordaza” de Sony resulta especialmente preocupante. La comunidad no está obligada a aceptar en silencio que PlayStation abandone los juegos físicos a partir de 2028, especialmente cuando Sony también sostiene ante los tribunales que los consumidores no poseen realmente sus juegos digitales, sino que reciben una licencia para utilizarlos. Criticar, protestar, cancelar servicios o exigir explicaciones forma parte de una relación legítima entre consumidores y una compañía; lo que Sony debería hacer es escuchar ese descontento y responder con argumentos, no crear la sensación de que levantar demasiado la voz podría terminar convirtiendo al cliente en un problema legal.
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